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Diputados aprobaron exigir nacionalidad mexicana exclusiva para aspirar a la Presidencia, gubernaturas y Gobierno de la Ciudad de México. La justificación es soberanía. El contexto político obliga también a preguntar por qué surge ahora.
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A punto de cumplir dos años, los gobiernos metropolitanos llegan al proceso electoral con encuestas dispares, problemas persistentes de seguridad y servicios, y expedientes que todavía deben explicarse.
La ley obliga a entregar un informe escrito. No obliga a organizar actos masivos con transporte, comida o propaganda. Tlaquepaque debe transparentar cuánto gastó y a quién pagó.
Mientras los procedimientos administrativo y penal siguen sin resultados públicos, Eli Castro reactivó sus aportaciones y podría alcanzar una pensión cercana a 72 mil pesos mensuales.
El Congreso aprobó investigar de oficio la desaparición forzada, aunque la legislación federal ya lo ordenaba. El verdadero problema está en las investigaciones que no funcionan.
Los informes municipales deberían servir para rendir cuentas a los ciudadanos, no para celebrar al gobernante. La propia ley permite cambiar el formato.
La acusación estadounidense contra Rocha Moya, su fallido regreso y el distanciamiento de Morena abren una crisis cuyo costo electoral no puede medirse con precisión.
La toma de protesta de Alberto Alfaro mostró capacidad territorial en Tlaquepaque. Las denuncias contra el gobierno municipal, la ruptura de la alianza que ganó en 2024 y una estructura de más de 200 casas de enlace abren un escenario distinto rumbo a 2027. Pero una cosa es advertir el riesgo para Morena y otra declarar anticipadamente su derrota.
El plan hídrico de Jalisco enfrenta disputa política mientras los ciudadanos siguen esperando agua limpia, decisiones claras, financiamiento transparente y resultados verificables en sus hogares.
El síndico de Tlaquepaque impidió un corte del SIAPA. La presencia policial y una caja metálica abren preguntas sobre legalidad, mando y posibles responsabilidades penales.
Con presidencia provisional y una elección próxima, el IEPC debe evitar nombramientos apresurados que comprometan estabilidad, confianza y conducción institucional rumbo a 2027 electoral local
A casi dos años de gobierno, Tlaquepaque acumula denuncias, reclamos por servicios y dudas sobre su conducción municipal, mientras el calendario electoral comienza a imponerse
Ruffo y Aguirre fueron procesados por hechos de 2014 y 2025, no por ser políticos. La prueba de que la FGR no hace política será qué ocurra con lo pendiente.
El SIAPA aprobó el descuento del 80% en 203 colonias y abrió revisión para otras 180 en Tlaquepaque. El avance es real; el criterio para decidir quién queda fuera, no
La tortura en Jalisco existe; lo que falta es castigarla. El decreto que crea la Fiscalía Especializada, aprobado en mayo de 2025 y ordenado por la Corte, sigue sin publicarse.
La detención de Ernesto Ruffo debe analizarse como un proceso penal, no como persecución política. Hay acusaciones graves, prisión preventiva y una obligación elemental: respetar plenamente la presunción de inocencia.
Los operativos federales en Zapopan confirman una estrategia necesaria: detener sicarios importa, pero cortar dinero, armas, combustible y redes empresariales resulta decisivo para debilitar al crimen organizado de manera sostenible.
El Congreso aprobó descontar ochenta por ciento a usuarios afectados; ahora falta definir colonias, transparentar criterios y cobrar a morosos para que el remedio no termine pagando la ciudadanía responsable.
El auxilio emergente puede aliviar necesidades inmediatas, pero Guadalajara necesita presupuesto, plazos, infraestructura y acuerdos políticos que conviertan el plan hídrico en agua limpia, suficiente y segura en cada hogar.
Terminó el Mundial y comienza la auditoría: Jalisco debe explicar cuánto gastó, quién ganó y qué beneficios permanecerán mientras regresan el agua sucia, las desapariciones y la disputa electoral anticipada.
El SIAPA pretende financiar su rescate mientras arrastra miles de millones sin cobrar. Antes de comprometer recursos futuros, debe recuperar saldos válidos y exigir cuentas a los grandes morosos públicos.
Miguel de la Rosa exige para Morena una comisión que sus votos ya no garantizan, convierte la coordinación parlamentaria en pleito personal y exhibe públicamente su debilidad política ante todos.
La renuncia de Paula Ramírez abre una obligación pública: revisar denuncias, decisiones internas y responsabilidades en el IEPC Jalisco, sin usar el relevo como cierre político ni salida cómoda anticipada.
La salida de Juan Partida no resuelve nada. IPEJAL debe abrir sus cuentas: contratos, pensiones, compras y decisiones del Consejo. Sin auditoría, la impunidad vuelve a ganar aquí otra vez.
El problema del agua puede ser la gran prueba de Lemus: corregir la promesa fallida de Alfaro y evitar que el SIAPA termine capturado por cuotas políticas en el Congreso.
La inspección judicial no encontró documentos ni espacio de trabajo de Ely Castro en SIAPA. La Fiscalía Anticorrupción debe mover el expediente antes de volverlo otro archivo muerto en Jalisco.
Los cambios en el gabinete dicen poco, salvo la salida de Juan Partida del IPEJAL. Ahí no basta un relevo: hace falta auditoría, nombres y responsabilidades claras frente a dudas públicas.
El Mundial llegó con fiesta, pantallas y discursos, pero también con precios que dejan fuera a muchas familias. La verdadera evaluación no será oficial: será ciudadana, al final del evento.
Víctor González es abogado y diputado suplente por el Distrito 16, San Pedro Tlaquepaque.
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