El problema del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya no está solamente en las tuberías. También está en la política, donde una solución urgente corre el riesgo de quedar atrapada entre posiciones partidistas.
Durante meses hemos visto reportes de agua con coloración, sedimentos y olores desagradables en distintas colonias metropolitanas. El problema dejó de ser una percepción aislada y se convirtió en una crisis que las propias autoridades han reconocido.
Ante ello, el Gobierno de Jalisco presentó un Plan Estratégico de Gestión Integral del Agua para el Área Metropolitana de Guadalajara, conformado por 32 proyectos de abastecimiento, potabilización, distribución, saneamiento y modernización de infraestructura.
La propuesta del ejecutivo estatal con respecto a ofrecer alternativas y soluciones para que el agua llegue limpia a nuestros hogares se estancó en el Congreso del Estado y no precisamente por llevar residuos que ocasionaron ese taponamiento, como ha sucedido desde hace algunos meses en casi toda zona metropolitana de Guadalajara.
La comparación puede parecer irónica, pero describe bien el dilema. Tenemos un problema físico que exige infraestructura y un problema político que exige acuerdos.
Movimiento Ciudadano ha respaldado la propuesta del Ejecutivo. Morena, Hagamos, Futuro y el Partido del Trabajo la han cuestionado y han exigido mayor claridad sobre metas, implementación, fortalecimiento institucional y manejo de recursos.
Aquí debemos distinguir dos cosas.
Cuestionar un proyecto del Gobernador no constituye, por sí mismo, una obstrucción. Revisarlo, pedir cuentas, identificar errores y exigir transparencia forma parte de las responsabilidades constitucionales de un Congreso.
Pero tampoco debemos ser ingenuos.
Cuando una discusión esencialmente técnica comienza a desarrollarse bajo la lógica del enfrentamiento partidista, existe el riesgo de que la solución termine subordinada al interés político de quienes participan en ella.
Sino porque es precisamente una parte de los diputados (de oposición) quienes hacen ese bloque de obstaculización y están aprovechando políticamente el tema para sacarle el máximo beneficio.
No puedo presentar esa intención como un hecho demostrado. Sí puedo plantearla como mi interpretación política de lo que estamos observando y someterla a una pregunta ciudadana: ¿estamos discutiendo cómo resolver el problema o quién obtiene ventaja de él?
Porque mientras los partidos debaten sobre el plan, el ciudadano no está pensando en estrategias parlamentarias.
Está pensando en algo mucho más elemental: abrir la llave de su casa y recibir agua que pueda utilizar con confianza.
Y esto tiene además una dimensión jurídica.
El agua no es una prestación graciosa del Gobierno. El artículo 4 de la Constitución reconoce el derecho a recibirla en condiciones suficientes, salubres, aceptables y asequibles.
Por eso el debate legislativo debería aterrizarse en preguntas concretas: ¿qué obras son necesarias?, ¿cuánto costarán?, ¿cuándo estarán terminadas?, ¿quién las ejecutará?, ¿cómo serán fiscalizadas? y ¿qué resultados podrá comprobar el ciudadano?
Pero la discusión ocurre además dentro de un contexto político nacional cargado de otros asuntos que también merecen vigilancia.
Y están aprovechando políticamente el tema para sacarle el máximo beneficio y, tratar en la medida de los posible, evitar que los ciudadanos se concentren en temas que a ellos no les conviene que visualicemos.
No existe prueba que permita establecer que ésa sea una estrategia concertada de los diputados jaliscienses. Pero sí existe una realidad política mucho más fácil de comprobar: los partidos permanentemente disputan qué temas dominan la conversación pública.
Y pongo varios ejemplos: “verbigracia el retiro de visa a López Beltrán por la sospecha o indicios de que participa en actividades ilícitas, o el tan cuestionado ahora nuevamente Gobernador con Licencia Rocha Moya, y que decir del tema del huachicol fiscal”.
Aquí debemos separar rigurosamente lo probado de lo supuesto.
A Andrés Manuel López Beltrán efectivamente le fue revocada la visa estadounidense. Sin embargo, hasta ahora las autoridades de Estados Unidos no han informado públicamente que la decisión derive específicamente de sospechas sobre actividades ilícitas.
Es decir: podemos hablar de la visa revocada. No podemos transformar en hecho una causa que oficialmente no conocemos.
El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, es diferente.
Rocha fue acusado formalmente por fiscales federales estadounidenses por delitos relacionados con narcotráfico y armas dentro de una causa que sostiene que funcionarios sinaloenses habrían colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa a cambio de beneficios.
Son acusaciones gravísimas.
Pero una acusación penal no equivale a una sentencia. Rocha las rechaza y conserva la presunción de inocencia mientras no exista una resolución judicial definitiva.
Después de una licencia de varios meses regresó brevemente a la gubernatura y, tras una fuerte controversia política, volvió a solicitar separarse del cargo.
También está el huachicol fiscal.
Fernando Farías Laguna ya está en México para enfrentar las imputaciones relacionadas con la investigación federal sobre una presunta organización dedicada al contrabando y distribución ilegal de combustibles.
Farías está en México y la FGR lo ubica dentro de una investigación de gran alcance sobre huachicol fiscal.
La parte que todavía no podemos establecer como conclusión jurídica es que las investigaciones hayan demostrado responsabilidad penal del partido gobernante o de alguno de sus dirigentes.
Si aparecen esas pruebas, habrá que señalarlas.
Con nombres.
Con documentos.
Con expedientes.
Mientras no aparezcan, pertenecen al terreno de los señalamientos, las líneas de investigación o la interpretación política, no al de los hechos judicialmente acreditados.
Y precisamente por eso considero que los ciudadanos debemos evitar que una discusión sustituya a otra.
Podemos exigir explicaciones sobre López Beltrán, seguir el proceso contra Rocha Moya, conocer hasta dónde conduce la investigación del huachicol fiscal y, simultáneamente, mantener la atención sobre el problema del agua de Guadalajara.
Una ciudadanía informada no tiene por qué escoger un solo expediente.
Puede vigilar todos.
Lo que no debemos perder de vista los ciudadanos es el seguimiento de la propuesta del Gobernador y el engarce que pueda tener desde el Congreso del Estado para que por fin se comience a cristalizar la posibilidad de recibir, por fin, agua cristalina, potable y para consumo humano.
Eso es exactamente lo que debemos exigir.
No que el Congreso apruebe automáticamente lo que proponga el Ejecutivo.
Tampoco que la oposición rechace automáticamente aquello que provenga del Gobierno.
Necesitamos que cada proyecto se revise, se cuestione, se corrija y, cuando resulte viable, se ejecute con plazos, presupuesto, vigilancia y responsabilidades perfectamente identificables.
Porque al ciudadano probablemente le importa bastante menos quién ganó el debate parlamentario que saber si mañana podrá abrir la llave de su casa sin preguntarse qué contiene el agua.
La política puede continuar discutiendo.
El agua no debería seguir esperando.
