En política, llenar un recinto no significa ganar una elección.
Pero tampoco significa nada.
Lo ocurrido el sábado 29 de agosto en la Expo Ganadera dejó una señal que conviene observar sin exageraciones: el Partido Verde tiene en Tlaquepaque una estructura que hace apenas unos meses no tenía y Alberto Alfaro busca convertirla en una fuerza electoral propia.
La toma de protesta de la nueva coordinación municipal reunió a más de tres mil personas, de acuerdo con la estimación de los propios organizadores. Llegaron contingentes de colonias y delegaciones como La Ladrillera, El Sauz, Miravalle, Loma Bonita, Parque del Bosque, Santa Cruz, San Martín de las Flores, Tateposco y Santa Anita. Alberto Alfaro asumió formalmente la coordinación municipal y comenzó también una campaña de afiliación.
Arturo Escobar, dirigente nacional del Verde, dejó además una frase que ayuda a entender lo que realmente estaba en juego: las futuras candidaturas deberán decidirse mediante mediciones y resultados porque, sostuvo, “aquí no se regalan candidaturas”.
Eso traslada el acto del sábado de la fotografía partidista a otro terreno: la disputa por 2027 ya comenzó.
La aritmética que importa
Hay un dato que ayuda a dimensionar esa disputa.
En la elección municipal de 2024, la coalición integrada por Morena, Verde y sus aliados consiguió 121 mil 496 votos en Tlaquepaque. Movimiento Ciudadano obtuvo 109 mil 562.
La diferencia fue de apenas 11 mil 934 votos.
Morena ganó, sí.
Pero no ganó solo.
El Verde formaba parte de aquella coalición y Alberto Alfaro todavía pertenecía al movimiento que llevó a Laura Imelda Pérez Segura a la presidencia municipal.
Eso ya cambió.
Alfaro se incorporó formalmente al PVEM en febrero pasado y desde entonces la estrategia territorial se ha acelerado. En aquel momento reportaba más de 100 casas de enlace y anunciaba otras cien. Para julio ya hablaba públicamente de más de 200.
Una casa de enlace no equivale a una casilla ganada.
Tres mil personas en un acto tampoco equivalen a tres mil votos seguros.
Pero ambas cosas sí representan organización. Y una elección cerrada puede modificarse cuando una de las fuerzas que formaba parte de la coalición ganadora comienza a construir su propio territorio.
Ahí está, desde mi punto de vista, la verdadera importancia del sábado.
Las denuncias que Morena no puede ignorar
A esa nueva aritmética se agrega un problema distinto para el gobierno municipal: las denuncias.
El 3 de junio, Alberto Alfaro y el regidor Eduardo Ramírez informaron de una denuncia penal ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por presuntas irregularidades en una adjudicación directa de aproximadamente 59.9 millones de pesos para la renta de maquinaria y vehículos. Según los denunciantes, la contratación se justificó bajo una urgencia que consideran insuficientemente acreditada.
El 29 de junio se informó de otra denuncia por la adquisición mediante adjudicación directa de 60 patrullas por más de 64 millones de pesos. Los denunciantes sostienen que no se actualizaban las condiciones de excepción establecidas por la legislación.
Aquí conviene ser precisos.
Una adjudicación directa no es ilegal por sí misma.
La Ley de Compras Gubernamentales de Jalisco establece que la licitación pública es la regla general, pero permite adjudicaciones directas en circunstancias excepcionales, entre ellas casos de urgencia, fuerza mayor, determinadas necesidades de seguridad o cuando existe un solo proveedor posible.
Lo que también dice la ley es que esas excepciones deben justificarse, documentarse, fundarse y motivarse.
Por eso el problema no consiste simplemente en preguntar:
“¿Hubo adjudicación directa?”
La pregunta correcta es:
¿La excepción utilizada por el Ayuntamiento estaba jurídicamente justificada?
Eso tendrá que resolverlo la autoridad competente.
Y hasta entonces debe mantenerse una diferencia que en política suele resultar inconvenientemente aburrida, pero en derecho resulta indispensable: una denuncia no es una sentencia.
También existen denuncias de ciudadanos
El conflicto no se limita a contratos públicos.
En julio, ciudadanos relacionados con las casas de enlace de Alberto Alfaro presentaron quejas ante el Órgano Interno de Control del Ayuntamiento. Los testimonios difundidos públicamente refieren visitas de servidores municipales, ofrecimientos de apoyos y presiones para dejar de participar en esos espacios políticos.
El Congreso de Jalisco documentó la existencia de las quejas y dejó expresamente en manos de las autoridades determinar si existen responsabilidades.
Radio Universidad de Guadalajara reportó uno de esos casos y señaló que Alfaro denunciaba condicionamiento de apoyos sociales contra personas que colaboraban con su estructura territorial.
También se han hecho públicos señalamientos sobre presuntas extorsiones y cobros excesivos a comerciantes establecidos y tianguistas. La diputada Celenia Contreras llevó esas acusaciones al Congreso en mayo.
¿Eso demuestra que existe una política institucional de extorsión?
No.
Demuestra que hay acusaciones públicas que las autoridades están obligadas a esclarecer.
La diferencia no es menor.
La versión del Ayuntamiento
También sería tramposo contar solamente una mitad.
Laura Imelda Pérez Segura ha rechazado los señalamientos y sostiene que responden a la cercanía del proceso electoral. Ha dicho que atenderá cualquier requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción o del Órgano Interno de Control y afirma que su administración está concentrada en servicios y obra pública.
Ésa es su posición y debe quedar registrada.
Porque combatir la corrupción también exige no condenar anticipadamente a nadie.
Pero políticamente existe otro problema: una denuncia puede no demostrar responsabilidad penal y aun así producir desgaste público.
Y cuando dejan de ser una, dos o tres, el gobierno tiene que decidir si basta con atribuirlas al calendario electoral o si debe responder documentalmente, contrato por contrato y señalamiento por señalamiento.
El caso de los mototaxis
Hay otro dato que merece seguimiento.
En la conversación política de Tlaquepaque aparecen también los mototaxistas. Sobre posibles amenazas para obligarlos a participar en actos políticos no encontré elementos suficientes para afirmarlo como un hecho.
Pero jurídicamente hay algo que sí está claro.
El propio gobierno municipal informó el 29 de abril que Tlaquepaque no regula los mototaxis y reconoció que la regulación del transporte público corresponde exclusivamente al ámbito estatal. El municipio conserva facultades en materia de tránsito, que no es lo mismo.
Si en algún momento se documentara condicionamiento político relacionado con autorizaciones que ni siquiera corresponden al municipio, estaríamos ante un asunto mucho más serio.
Por ahora, la acusación específica requiere pruebas.
La lección nacional
Lo ocurrido recientemente con Rubén Rocha Moya en Sinaloa permite observar otra regla de la política.
No porque su caso sea equivalente al de Tlaquepaque. No lo es. Los hechos, las acusaciones y las autoridades involucradas son completamente distintos.
Pero sí muestra cómo reaccionan los partidos cuando calculan que el costo político de una persona puede comenzar a trasladarse a toda la organización.
Después de que Rocha Moya regresó brevemente al gobierno de Sinaloa en medio de una investigación mexicana derivada de acusaciones estadounidenses, Claudia Sheinbaum calificó su regreso de imprudente e inapropiado. Rocha volvió a solicitar licencia. Él ha negado las imputaciones.
La enseñanza política es sencilla:
ninguna marca partidista es inmune al costo de sus gobiernos.
Morena tampoco.
Morena ya no tiene enfrente el mismo tablero con el que ganó en 2024.
El Verde que formó parte de la coalición ganadora ahora construye estructura propia. Alberto Alfaro encabeza más de 200 casas de enlace, según sus propios reportes. Existe una cadena de denuncias contra la administración municipal que deberá resolverse institucionalmente. Hay señalamientos de ciudadanos y comerciantes. Y comenzó una competencia abierta por el territorio que hace algunos meses no existía.
Eso puede convertirse en voto de castigo.
O puede no hacerlo.
Porque el hartazgo no vota solo.
Para convertirse en derrota electoral necesita una alternativa capaz de transformar inconformidad en organización, organización en confianza y confianza en votos.
El sábado, el Verde demostró que ya tiene una parte de esa ecuación.
Falta demostrar la más difícil.
Que puede convertirla en mayoría.
