Hay definiciones que en política resultan complicadas.
Y ésta es una de ellas.
Durante meses se ha insistido en presentar a Rubén Rocha Moya como culpable. Jurídicamente no puedo hacerlo.
Hasta hoy, Rocha Moya es un gobernador con licencia formalmente acusado por la justicia estadounidense de delitos relacionados con narcotráfico y armas y señalado por fiscales norteamericanos de haber colaborado con integrantes del Cártel de Sinaloa.
Eso es suficientemente grave.
No hace falta agregarle aquello que todavía no ha resuelto un tribunal.
El 29 de abril, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York hizo pública una acusación contra Rocha Moya y otros nueve funcionarios y exfuncionarios sinaloenses.
Según el Departamento de Justicia estadounidense, Rocha habría mantenido una relación con Los Chapitos, la facción encabezada por los hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán, y les habría brindado protección a cambio de respaldo político. El expediente incluso sostiene que esa organización intervino para favorecer su llegada a la gubernatura en 2021.
Son acusaciones extraordinariamente graves.
También son, hasta ahora, acusaciones.
Estados Unidos sí pidió detenerlo
Aquí existe otro dato que debemos colocar exactamente donde corresponde.
Estados Unidos sí solicitó a México la detención provisional de Rocha Moya con fines de extradición.
No fue un trascendido ni una declaración de un adversario político.
La propia Fiscalía General de la República confirmó que la Secretaría de Relaciones Exteriores recibió la solicitud estadounidense.
Lo que ocurrió después permite entender buena parte del conflicto.
Las autoridades mexicanas sostuvieron que la documentación enviada por Estados Unidos no aportaba elementos probatorios suficientes para ordenar inmediatamente la detención y anunciaron que la FGR investigaría los hechos por su cuenta.
¿Eso significa que el gobierno mexicano encubrió a Rocha?
No puedo afirmarlo.
Para sostener una acusación de esa naturaleza necesitaríamos demostrar una decisión deliberada de protección fuera del marco legal.
Lo que sí puede decirse es que México no ejecutó aquella solicitud estadounidense, porque consideró insuficiente la evidencia aportada en ese momento.
Esa diferencia parece pequeña.
En derecho no lo es.
La primera licencia
Dos días después, Rocha solicitó licencia.
El propio gobernador dijo el 1 de mayo que se separaba temporalmente para no interferir en las investigaciones de la Fiscalía General de la República. El Congreso sinaloense autorizó aquella separación.
Durante más de tres meses permaneció fuera del cargo.
Hasta que tomó una decisión que cambió por completo su situación política.
El viernes 21 de agosto decidió regresar.
Rocha anunció que retomaba la gubernatura y reunió nuevamente a su gabinete. El gobierno estatal presentó aquella reincorporación como un regreso institucional después de más de tres meses de ausencia.
Duró aproximadamente 33 horas.
El error político
Ahí está, desde mi perspectiva, el punto de quiebre.
Rocha pudo haber considerado jurídicamente posible regresar.
Políticamente, fue otra cosa.
Claudia Sheinbaum reveló que no había sido informada previamente de la decisión y calificó la reincorporación como imprudente e inapropiada mientras continuara abierta la investigación.
Incluso manifestó que no tenía intención de comunicarse con él.
El mensaje fue brutal precisamente porque no necesitó demasiadas palabras.
Rocha seguía perteneciendo al mismo movimiento político de la presidenta.
Pero ya no parecía tener el respaldo político para gobernar como si nada hubiese ocurrido.
Un día después anunció nuevamente su separación.
El 23 de agosto, la Diputación Permanente del Congreso de Sinaloa aprobó por unanimidad una licencia por tiempo indefinido.
Y ahí la historia cambió.
Morena comenzó a tomar distancia
Durante meses el caso Rocha había colocado al gobierno federal en una posición complicada.
Washington acusaba a un gobernador mexicano en funciones de colaborar con el narcotráfico.
México respondía que las pruebas remitidas eran insuficientes.
Rocha negaba las acusaciones.
Y Morena cargaba políticamente con el expediente.
Pero el intento de regresar a la gubernatura parece haber agotado buena parte de la tolerancia política.
La reacción no quedó solamente en Palacio Nacional. La dirigencia y diversos actores de Morena participaron en las presiones que terminaron por hacer insostenible aquella reincorporación.
Días después comenzaron también mensajes internos rumbo a 2027: ninguna candidatura, se dijo desde el oficialismo, puede colocarse por encima de la estabilidad del movimiento, mientras la dirigencia endurecía su discurso sobre la reputación de quienes pretendan competir.
Eso ya no parece defensa.
Parece control de daños.
¿Puede ser extraditado?
Ésta es probablemente la pregunta más importante.
La respuesta es:
sí puede ocurrir jurídicamente, pero no existe hoy fundamento para afirmar que vaya a suceder de manera inmediata.
Estados Unidos ya dio el primer paso: existe una acusación y hubo una petición de detención provisional con fines de extradición.
Pero una petición estadounidense no equivale automáticamente a una orden mexicana de aprehensión.
La Ley de Extradición Internacional establece un procedimiento. La Secretaría de Relaciones Exteriores debe determinar si la solicitud tiene fundamento y, cuando proceda, transmitirla a la Fiscalía General de la República para que ésta solicite las medidas correspondientes ante un juez federal.
En abril, México sostuvo que la solicitud no reunía todavía elementos suficientes.
Eso puede cambiar.
Estados Unidos puede complementar información, formalizar actuaciones y aportar nuevos elementos.
Y entonces México tendría que volver a decidir.
Por eso me parece excesivo afirmar hoy que veremos inevitablemente a Rocha detenido o trasladado a Estados Unidos.
Pero tampoco puede descartarse.
La olla sigue bajo presión.
El verdadero problema para Morena
Para Morena, el expediente dejó de ser solamente sinaloense.
2027 está demasiado cerca.
El próximo año México elegirá las 500 diputaciones federales, 17 gubernaturas, congresos locales y miles de cargos municipales. La jornada está programada para el 6 de junio.
Y hay una cifra que ayuda a entender lo que estará realmente en juego.
Morena tiene actualmente 253 diputaciones federales.
El Verde tiene 62.
El PT, 49.
Es decir, Morena no posee por sí mismo los votos necesarios para modificar la Constitución. Necesita conservar una alianza política y electoral que le permita acercarse o superar nuevamente las dos terceras partes de la Cámara.
Por eso la elección intermedia importa tanto.
No sólo se decidirá quién gana más distritos.
Se decidirá cuánto poder conserva Claudia Sheinbaum durante la segunda mitad de su gobierno.
Una pérdida suficiente de diputaciones podría quitarle al bloque oficialista la mayoría calificada.
¿El caso Rocha puede provocar por sí solo esa derrota?
No existe evidencia para afirmarlo.
Sería una simplificación.
Pero puede convertirse en una pieza más dentro de una acumulación de costos políticos: seguridad, corrupción, divisiones internas, desgaste gubernamental y conflictos con los propios aliados.
Y las elecciones rara vez se pierden por una sola cosa.
Se pierden cuando demasiadas cosas comienzan a pesar al mismo tiempo.
Diecisiete gubernaturas
El otro gran frente son los estados.
En 2027 se renovarán 17 gubernaturas: Aguascalientes, Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chihuahua, Colima, Guerrero, Michoacán, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas.
Entre ellas estará, inevitablemente, Sinaloa.
Ahí Morena tendrá que pedir nuevamente el voto después de que el gobernador que postuló en 2021 terminó separado del poder, acusado por fiscales estadounidenses y bajo investigación en México.
No parece precisamente el folleto de campaña que cualquier partido quisiera repartir.
Pero sería irresponsable convertir eso desde ahora en una predicción nacional.
Faltan meses.
Habrá candidatos, campañas, alianzas, rupturas y acontecimientos que todavía no conocemos.
Y en Jalisco
Aquí la historia adquiere otra dimensión.
Jalisco no elegirá gobernador en 2027.
Pero sí renovará el Congreso estatal y los 125 ayuntamientos.
Serán 38 diputaciones locales y toda la estructura municipal del estado.
Y el reloj ya corre.
El artículo 214 del Código Electoral establece que, cuando únicamente se renuevan Congreso y ayuntamientos, la convocatoria debe publicarse durante la primera quincena de octubre del año anterior a la elección.
Es decir, el proceso electoral local 2026-2027 comenzará formalmente en unas semanas.
Para entonces sabremos un poco más.
Sabremos si Morena consigue contener el costo político de Sinaloa.
Sabremos si Estados Unidos aporta nuevas pruebas.
Sabremos hasta dónde llega la investigación mexicana.
Y comenzaremos a saber también qué tanto de este escándalo nacional consigue permear hacia las elecciones locales.
La definición complicada
Por eso regreso al principio.
El caso Rocha no permite definiciones fáciles.
No puedo llamarlo culpable porque ningún tribunal lo ha declarado así.
Tampoco puedo minimizar el hecho de que un gobernador mexicano fue formalmente acusado por fiscales estadounidenses de colaborar con una de las organizaciones criminales más poderosas del mundo.
No puedo afirmar que México lo protegió deliberadamente.
Pero sí consta que la primera solicitud estadounidense no produjo su detención porque las autoridades mexicanas dijeron que no reunía elementos suficientes.
No puedo afirmar que será extraditado.
Pero la petición existe y el procedimiento puede reactivarse si Washington aporta lo que México exige.
Y tampoco puedo decir que Morena perderá 2027 por Rocha Moya.
Lo que sí puedo decir es algo bastante más simple:
cada día que este expediente permanezca abierto, Morena tendrá que explicar por qué uno de sus gobernadores terminó convertido en acusado de la justicia estadounidense.
Y eso, cuando faltan apenas meses para una elección nacional de enorme tamaño, es una presión que ningún partido puede fingir que no existe.
La olla está cerrada.
La pregunta es cuánto más puede subir la presión antes de que alguien tenga que abrir la válvula.
