El caso de Elizabeth Castro Cárdenas, conocida públicamente como Ely Castro, volvió a aparecer por donde más incomoda: los papeles. O mejor dicho, por la ausencia de papeles.
Una inspección judicial realizada en oficinas del SIAPA, ordenada por la Quinta Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa, no encontró documentos firmados por ella en el periodo revisado ni un espacio físico que permitiera ubicarla como asesora técnica de la Dirección General.
Ese dato cambia el tamaño político del asunto.
Ya no estamos sólo ante una contratación cuestionada por el perfil profesional. Estamos frente a una duda más grave: ¿qué trabajo se pagó con dinero público?
La prudencia legal obliga a decirlo con todas sus letras: el Tribunal debe resolver conforme al expediente y la Fiscalía debe investigar sin linchamientos ni consignas. Pero prudencia no es silencio. Menos cuando el salario reportado superaba los 73 mil pesos mensuales y cuando la propia Contraloría llevó el caso al Tribunal como posible falta grave.
En Jalisco sobran historias que empiezan con escándalo, pasan por una carpeta y terminan en una gaveta. El país ya tiene nombre para eso: impunidad.
México Evalúa colocó a Jalisco con 97.81 por ciento de impunidad penal institucional, la peor cifra nacional. No es un dato decorativo. Es el tamaño del hoyo donde se pierden denuncias, investigaciones y confianza pública.
Por eso este expediente le queda justo al nuevo fiscal Anticorrupción, Eduardo Cipriano Manzanilla.
No necesita dar discursos de moral pública. Necesita mover el caso: agotar líneas de investigación, informar lo que legalmente pueda informarse, judicializar si hay elementos o explicar si no los hay. Lo peor sería el lenguaje conocido de “se está integrando la carpeta” mientras el calendario hace su trabajo.
El caso Castro importa porque retrata una práctica que la ciudadanía entiende sin tecnicismos: cobrar del erario sin que el trabajo aparezca.
Si hubo documentos, deben salir. Si hubo comisión formal, debe acreditarse. Si hubo funciones reales, deben probarse. Y si no hubo nada de eso, entonces el Sistema Anticorrupción tiene que dejar de comportarse como ventanilla de trámite y actuar como autoridad.
La ley no se aplica sólo cuando el señalado no tiene reflectores, amigos o padrinos. Se aplica cuando incomoda. Ahí se mide el Estado.
El fantasma que ronda este caso no es el apellido Castro. Es la posibilidad de que otra vez todo se disuelva. Una inspección sin rastros, un sueldo público, una denuncia penal, un Tribunal y una Fiscalía bastan para exigir una respuesta.
Jalisco no aguanta otro expediente convertido en rumor.
