desconfianza. El agua llega amarilla, turbia, con olor desagradable o sedimentos. Durante 2025, los propios análisis del SIAPA detectaron en 17 ocasiones concentraciones de coliformes fecales superiores a la norma sanitaria. Otros monitoreos ciudadanos encontraron contaminación similar en algunas muestras levantadas este año.
Conviene precisar el término: detectar bacterias de origen fecal no significa necesariamente encontrar excremento visible, pero sí revela contaminación que no debería existir en agua destinada al consumo humano. La norma establece que esos microorganismos deben estar ausentes. Los resultados fueron documentados con información del propio SIAPA.
Mientras la gente compra garrafones, instala filtros o aprende a distinguir por el olor si puede bañarse con el agua, el Gobierno de Jalisco prepara un plan superior a 20 mil millones de pesos para sustituir el acueducto Chapala-Guadalajara, modernizar la Planta Potabilizadora número 1 de Miravalle y ejecutar más de 30 obras hidráulicas.
La cifra provoca una comparación inevitable: al SIAPA también le deben alrededor de 20 mil millones de pesos.
Pero no se trata del mismo dinero ni de una caja que pueda recuperarse completa mañana. En marzo pasado, el organismo informó que su cartera vencida ascendía a 19 mil 500 millones, de los cuales solamente 11 mil 719 millones podían considerarse cobrables. El resto correspondía a obligaciones prescritas o saldos cuya recuperación ya no era jurídicamente posible. En julio, el nuevo director, Ismael Jáuregui Castañeda, volvió a ubicar la cartera por encima de los 20 mil millones.
El primer escándalo está ahí: miles de millones se dejaron envejecer hasta perderse.
El segundo aparece en los gobiernos municipales. Un reporte presentado al Congreso calculó que los siete ayuntamientos vinculados al sistema acumulan más de 2 mil 526 millones de pesos. Guadalajara encabeza la lista con mil 99 millones; Zapopan supera los 828 millones; Tlaquepaque debe cerca de 210 millones y Tonalá poco más de 80. Tlajomulco, El Salto y Juanacatlán acumulan otros 298 millones por suministro en bloque. El desglose fue difundido el 9 de julio.
Hay, además, diferencias entre las cifras dadas públicamente. Jáuregui habló en otra declaración de un adeudo cercano a 700 millones por parte de Guadalajara. Si un reporte señala mil 99 millones y otro menciona 700, el SIAPA debe explicar qué conceptos incluye cada cantidad, cuánto corresponde al consumo, cuánto a recargos y qué parte está impugnada, prescrita o sujeta a conciliación.
No basta con repetir una cifra redonda de 20 mil millones. Hace falta abrir la cartera cuenta por cuenta.
La Universidad de Guadalajara también aparece en el expediente. En abril de 2025 se informó que tenía un adeudo de 903 millones de pesos distribuido en 209 cuentas. Este mes, el Consejo General Universitario aprobó que sus entidades productivas —entre ellas el Auditorio Telmex y el Centro Cultural Universitario— paguen por el servicio que consumen. Es un avance, pero no aclara qué ocurrirá con toda la deuda histórica ni resuelve la discusión jurídica sobre los espacios destinados a docencia, investigación y extensión.
La autonomía universitaria no debería convertirse en sinónimo de agua gratuita para auditorios, hoteles, negocios o recintos con ingresos propios. Tampoco autoriza al SIAPA a presentar como exigible cualquier cantidad sin demostrar su origen. Cada cuenta debe revisarse, conciliarse y resolverse.
El organismo ya intentó cobrar mediante particulares y el resultado fue pobre. En 2024 contrató a Stratimex para requerir pagos, reducir el suministro y realizar procedimientos fiscales sobre miles de cuentas. La empresa tenía derecho a recibir 28 por ciento más IVA de lo recuperado. Una revisión de los cheques emitidos encontró pagos por 28.3 millones de pesos, lo que permitiría estimar una recuperación cercana a 101 millones: apenas 0.5 por ciento de la cartera reportada entonces. La contratación y sus resultados fueron investigados por NTR Guadalajara.
Cobrar 101 millones para entregar más de 28 millones al intermediario difícilmente puede presumirse como éxito.
La Auditoría Superior del Estado también encontró falta de metodología para facturar y recuperar adeudos, deficiencias en los descuentos y 596.6 millones de pesos en cuentas por cobrar sin soporte documental suficiente. Antes de perseguir morosos, el SIAPA necesita saber cuánto le deben realmente y contar con expedientes capaces de resistir una defensa jurídica.
Aquí aparece una responsabilidad que rebasa al organismo. Los municipios, dependencias y entidades públicas elaboran presupuestos anuales. Si contemplaron dinero para pagar agua y no lo entregaron al SIAPA, sus órganos internos de control deben informar dónde terminó. Si nunca presupuestaron el servicio, también deben explicar por qué utilizaron agua pública sin prever el costo.
La Auditoría Superior tendría que cruzar los registros: cuánto facturó el SIAPA, cuánto reconoció cada institución, qué cantidad presupuestó y cuál fue el destino final de esos recursos. El problema dejó de ser únicamente de cobranza. También es de contabilidad gubernamental y rendición de cuentas.
Retener participaciones municipales parece una solución rápida, pero no puede hacerse mediante una instrucción aislada del gobernador. El artículo 9 de la Ley de Coordinación Fiscal establece que las participaciones federales son inembargables y no pueden estar sujetas a retención, salvo excepciones relacionadas con obligaciones legalmente contraídas, autorizadas y registradas. La restricción puede consultarse en la legislación federal vigente.
Eso no significa que los ayuntamientos puedan seguir sin pagar. Significa que la recuperación debe construirse correctamente: conciliación de saldos, reconocimiento formal de adeudos, convenios, calendarios de pago y, cuando resulte jurídicamente procedente, mecanismos autorizados de compensación o afectación de recursos.
Con las dependencias del propio Poder Ejecutivo, Pablo Lemus tiene un margen más amplio. Puede ordenar que revisen sus cuentas, presupuesten el consumo y regularicen los pagos. Después debe sentarse con los siete alcaldes y exigir convenios públicos, con plazos y cantidades verificables. La misma claridad tendría que reclamarse a universidades, organismos autónomos, empresas, industrias y grandes usuarios comerciales.
Cada peso recuperado debería quedar etiquetado para obras de calidad del agua, mantenimiento, potabilización y sustitución de redes. Ni nómina inflada, ni asesores, ni otro despacho que cobre una comisión desproporcionada.
El gobernador recibiría respaldo ciudadano si comienza por cobrar dentro de la ley y pone el ejemplo con las oficinas estatales. También si publica quién debe, desde cuándo, cuánto puede recuperarse y cuánto se perdió por negligencia.
Antes de comprometer 20 mil millones de pesos futuros, el Gobierno de Jalisco debe ir por los miles de millones que otros ya consumieron en agua y nunca pagaron. Pedirle otro esfuerzo a la ciudad mientras los grandes morosos siguen cómodamente sentados resulta difícil de defender.
