Los gobiernos municipales sí tienen la obligación de rendir cuentas.
La Ley del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de Jalisco establece que la presidencia municipal debe presentar por escrito al Ayuntamiento un informe sobre el ejercicio de la administración durante los primeros quince días de septiembre.
Por eso, sería incorrecto sostener que sólo los gobiernos federal y estatal tienen esa obligación.
Pero la misma ley permite distinguir entre dos cosas que con frecuencia los gobiernos mezclan deliberadamente: el informe y el espectáculo.
La obligación jurídica consiste en entregar un documento. El acto protocolario es opcional.
La ley no exige llenar una unidad deportiva. No ordena contratar autobuses. No obliga a repartir comida. Tampoco establece que el gobierno deba convertir la rendición de cuentas en una demostración de fuerza política.
El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal de San Pedro Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez Segura, se realizó en la Unidad Deportiva Gómez Farías.
Después del acto, Celenia Contreras, diputada local con licencia e integrante de Movimiento Ciudadano, afirmó que el gobierno municipal pudo haber gastado más de nueve millones de pesos. Señaló la contratación de 65 autobuses, entrega de alimentos y posibles pagos de 300 pesos a algunos asistentes.
Sin embargo, ella misma reconoció que no tenía todavía una cifra exacta.
Esto obliga a hablar con precisión.
No podemos afirmar que el informe costó nueve millones como si ya existieran contratos y facturas que lo demostraran. Mucho menos podemos publicar que fueron 30 millones, porque esa cantidad no está respaldada por la información disponible.
Pero la falta de una cifra comprobada no elimina el problema. Lo vuelve más urgente.
El Ayuntamiento debe publicar el costo total del acto y desglosar, por lo menos:
renta de escenario, templete, sonido, pantallas e iluminación;
producción audiovisual y transmisión;
impresión de documentos, lonas y materiales;
publicidad en medios y redes sociales;
alimentos y bebidas;
contratación o renta de autobuses;
personal eventual y horas extraordinarias;
empresa o empresas proveedoras;
partida presupuestaria utilizada;
procedimiento de contratación;
facturas, órdenes de pago y comprobantes;
posibles apoyos, pagos o compensaciones entregados a asistentes.
No basta con responder que todo fue legal.
Un gasto puede cumplir formalmente con un procedimiento y seguir siendo excesivo, innecesario o políticamente cuestionable.
La rendición de cuentas debería permitir que los habitantes evalúen servicios, resultados, obras, seguridad, agua, alumbrado, calles y finanzas. Cuando el acto está diseñado para exhibir multitudes, ovaciones y respaldo partidista, el informe deja de mirar a la ciudadanía y comienza a mirar hacia la siguiente elección.
Eso es precisamente lo que debe evitarse.
La autonomía municipal no significa libertad para gastar sin explicación. Significa capacidad para gobernar y administrar los recursos propios dentro de la Constitución, las leyes, el presupuesto y los mecanismos de fiscalización.
Cada peso destinado a promoción gubernamental tiene un costo de oportunidad. Puede ser legalmente imposible trasladarlo de manera automática a cualquier otro rubro, pero políticamente sí debe explicarse por qué un evento era más necesario que otras prioridades del municipio.
No afirmo que el gobierno de Tlaquepaque haya gastado nueve millones. Afirmo que debe demostrar cuánto gastó.
Tampoco afirmo que se pagó a personas para asistir. Afirmo que existe un señalamiento público que debe aclararse con documentos.
Y no sostengo que un informe municipal sea innecesario. La ley lo exige.
Lo innecesario es confundir la obligación de informar con la necesidad de ser aplaudido.
Un gobierno seguro de sus resultados no necesita llenar camiones.
Necesita abrir sus cuentas.
