Llamar “beneficio” al descuento en los recibos del agua resulta, cuando menos, discutible. No estamos ante una concesión generosa del Gobierno, sino frente a una compensación para quienes han pagado puntualmente por recibir agua limpia y terminaron abriendo la llave para encontrarse con un líquido turbio, maloliente o lleno de sedimentos.
El Congreso de Jalisco aprobó un descuento de 80 por ciento para las viviendas afectadas, aplicable a consumos de hasta 25 metros cúbicos. También podrán recibirlo pequeños comercios, mientras que las grandes industrias quedaron fuera. El 20 por ciento restante corresponde a los servicios de drenaje y alcantarillado que continúan prestándose.
La aprobación era necesaria, pero representa apenas el comienzo. Ahora viene la parte verdaderamente complicada: determinar cuáles colonias recibirán el descuento, con qué información se integrará el padrón y qué ocurrirá con las familias que padecieron el problema, pero no aparezcan en la lista inicial.
Durante meses, las cifras oficiales caminaron por rutas distintas. El Gobierno estatal y sus autoridades sanitarias reconocieron alrededor de 200 colonias afectadas, mientras que la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco habló primero de aproximadamente 600 zonas con antecedentes o reportes relacionados con la mala calidad del agua.
Después apareció una relación de 655 colonias y fraccionamientos abastecidos por la planta potabilizadora número uno de Miravalle: 168 en Guadalajara, 171 en San Pedro Tlaquepaque, 251 en Tonalá y 65 en Zapopan. Sin embargo, la propia CEDHJ aclaró que esa relación identifica el universo abastecido por la planta, no una lista definitiva de colonias donde se haya comprobado agua contaminada.
La diferencia es importante. Una colonia puede recibir agua de Miravalle sin haber presentado afectaciones constantes; otra puede haber recibido agua sucia y no contar todavía con una queja formal. Por eso el padrón no puede construirse únicamente desde un escritorio, ni depender de cálculos políticos o negociaciones entre bancadas.
El Congreso acordó que la lista se integre con las quejas documentadas por la CEDHJ y los reportes recibidos por el SIAPA. También se contempla que los usuarios no incluidos puedan solicitar una revisión individual, siempre que acrediten las deficiencias en el servicio.
Eso obliga a establecer un procedimiento sencillo. No sería aceptable que una familia tuviera que recorrer oficinas, presentar documentos imposibles o contratar asesoría para demostrar que durante semanas recibió agua café. Deben publicarse los criterios, las colonias incluidas, el periodo reconocido, la forma de aplicar el descuento y los medios para inconformarse.
También corresponde al Congreso vigilar que la medida se cumpla. Aprobar el descuento y olvidarse del asunto sería repetir una práctica demasiado conocida: anunciar una solución, tomarse la fotografía y dejar a los ciudadanos atrapados entre requisitos, ventanillas y respuestas contradictorias.
Pero la discusión no termina en los descuentos. También debe hablarse de quienes durante años dejaron crecer sus adeudos con el SIAPA.
Las estimaciones públicas sobre la cartera vencida han variado conforme al corte y a la posibilidad real de recuperar los recursos. Durante 2026, el organismo ha manejado cifras preliminares de entre 18 mil y más de 20 mil millones de pesos, acumulados entre particulares, empresas y gobiernos municipales; una parte podría resultar jurídicamente incobrable por el paso del tiempo.
Por eso hace falta algo más que amenazas generales contra “los morosos”. El SIAPA debe informar cuánto se debe, cuánto puede recuperarse, quiénes concentran los adeudos mayores y qué acciones legales se han iniciado. La cobranza debe comenzar donde se encuentran las cuentas más grandes y no limitarse, como tantas veces ocurre, a perseguir al usuario doméstico.
Quien recibió un servicio deficiente merece una compensación. Quien consumió agua y acumuló una deuda millonaria debe pagarla. No hay contradicción entre ambas exigencias.
El problema es de todos, pero las responsabilidades no son iguales. Al ciudadano le corresponde cuidar el agua, pagar lo justo y denunciar las deficiencias. Al SIAPA le toca entregar agua potable, mantener la infraestructura y cobrar sin privilegios. A la CEDHJ, documentar las violaciones. Al Congreso, vigilar que los acuerdos se conviertan en resultados.
La solución debe construirse entre todos, sí, pero sin utilizar esa frase para repartir culpas y borrar responsabilidades. El descuento puede aliviar una injusticia inmediata. Cobrar a los grandes deudores, transparentar las cifras y reparar el sistema son pasos indispensables para evitar que la siguiente crisis vuelva a cargarse en el recibo de quienes sí cumplen.
