El jueves 9 de julio, el Congreso de Jalisco tuvo material suficiente para una jornada de cierta altura. Primero celebró la sesión solemne por el aniversario 109 de la Constitución local y después la sesión ordinaria número 88, no extraordinaria, donde se discutieron asuntos relacionados con el agua, las inundaciones, la verificación vehicular, la salud mental infantil y los derechos de las personas con autismo. Temas serios, de esos que afectan la vida diaria.
Pero el espectáculo terminó imponiéndose.
Miguel de la Rosa Figueroa, coordinador de los diputados de Morena, volvió a colocar en el centro de la sesión su empeño por retirar a Alberto Alfaro García de la presidencia de la Comisión de Vigilancia y Sistema Anticorrupción. La propuesta pretendía sustituirlo por el morenista Alejandro Barragán.
El resultado fue sencillo: 19 votos a favor, 17 en contra y una abstención. Necesitaban 20.
La Ley Orgánica del Poder Legislativo establece que la remoción de un diputado de una comisión debe ser aprobada por mayoría absoluta. Como el Congreso tiene 38 integrantes, hacen falta 20 votos. De la Rosa reunió 19. No hubo golpe de Estado, fraude matemático ni misterio parlamentario: le faltó uno.
Y contar votos es, precisamente, una de las primeras obligaciones de un coordinador.
La Junta de Coordinación Política existe para construir entendimientos y acercar posiciones. Así la define la propia ley. Los coordinadores no son capataces de sus bancadas ni propietarios de las comisiones; su trabajo consiste en negociar. Si después de varios intentos De la Rosa todavía no consigue el voto necesario, el problema no está en el tablero electrónico. Está en su capacidad para hacer política.
Morena sostiene que la Comisión de Vigilancia le correspondió en el reparto inicial de la Legislatura. El argumento tiene una base real: cuando comenzaron los trabajos, esa bancada tenía diez diputados y eligió esa presidencia conforme a su peso parlamentario.
Pero aquel Congreso ya no existe.
Morena perdió a Brenda Carrera y a Alberto Alfaro, ambos incorporados al Partido Verde. Alejandro Puerto regresó recientemente después de permanecer como diputado sin partido. Actualmente, el grupo coordinado por De la Rosa tiene ocho integrantes, no diez. El Verde pasó de dos a cuatro. Los números cambiaron y, con ellos, debería revisarse todo el reparto de presidencias, no solamente aquella que De la Rosa desea recuperar.
Llamar a esto “sobrerrepresentación” puede resultar políticamente expresivo, aunque jurídicamente es más preciso hablar de un reparto de comisiones que dejó de corresponder con la composición actual del Congreso.
Miguel de la Rosa llegó como diputado de representación proporcional, en el cuarto lugar de la lista de Morena. La vía plurinominal es completamente legal y necesaria para representar la diversidad política. El dato importa por otra razón: quien llegó al Congreso mediante las reglas de proporcionalidad debería comprender mejor que nadie que las posiciones legislativas dependen de números, procedimientos y votaciones, no de órdenes partidistas.
También resulta difícil escuchar sus reclamos sobre el respeto a los acuerdos sin recordar el caso de Brenda Carrera. En 2025, la diputada denunció que fue retirada de la Comisión de Estudios Legislativos sin alcanzarse la mayoría exigida y atribuyó la operación al propio coordinador de Morena. Después presentó una solicitud de juicio político contra Marta Arizmendi, entonces presidenta de la Mesa Directiva. El señalamiento no equivale a una resolución definitiva, pero sí dejó un antecedente político incómodo: De la Rosa exige hoy la legalidad que ayer fue cuestionada dentro de su propia bancada. El episodio fue documentado por UDGTV.
Está, además, el asunto de Tlaquepaque.
Alberto Alfaro y el regidor Eduardo Ramírez han presentado denuncias ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía Anticorrupción por presuntas irregularidades en adquisiciones de vehículos, maquinaria y alumbrado del gobierno encabezado por Laura Imelda Pérez Segura. Hasta ahora son denuncias bajo investigación, no hechos probados ni sentencias. La alcaldesa ha respondido que los señalamientos obedecen a motivaciones políticas. UDGTV documentó la presentación de 31 denuncias y la respuesta de la presidenta municipal.
No existe evidencia pública suficiente para afirmar que el intento de remover a Alfaro sea una represalia ordenada desde Tlaquepaque. Pero De la Rosa tampoco ayuda a disipar la sospecha cuando concentra su energía en quitar al denunciante y no en exigir que las autoridades investiguen cada contrato señalado.
Si la Comisión de Vigilancia funciona mal, el coordinador de Morena debería presentar resultados, expedientes rezagados, cuentas públicas detenidas y omisiones concretas. Decir que Jalisco perdió la fiscalización porque Morena no controla la presidencia revela una concepción bastante patrimonialista: la vigilancia solamente sirve cuando está en manos propias.
Alberto Alfaro tampoco merece un cheque en blanco. Su gestión debe evaluarse por su productividad, la calidad de los dictámenes y el seguimiento a las cuentas públicas. La presidencia de una comisión no concede inmunidad política. Pero su remoción tampoco puede obtenerse a fuerza de discursos cuando los votos no alcanzan.
Si Miguel de la Rosa quiere hacer honor al lema de su partido, puede comenzar por el primer verbo: no mentir. Morena ya no tiene diez diputados. Tiene ocho. La votación no llegó a 20. Se quedó en 19.
Puede culpar a Movimiento Ciudadano, al gobernador Pablo Lemus, al PRI, a los diputados que cambiaron de bancada o al clima mundialista. El resultado seguirá siendo el mismo.
Un voto puede perderse por accidente. Cuando falta una y otra vez, ya no es mala suerte: es falta de conducción.
